Ignacio A. Duhalde - Lic. En Gerencia de Empresas (UNDAV), Lic. en Administración Agropecuaria (UNAJ) (29).

Durante mi etapa en la escuela secundaria, la convivencia entre estudiantes de distintos niveles socioeconómicos dejaba en evidencia desigualdades que a veces eran difíciles de ignorar. Recuerde claramente cómo algunos compañeros llegaban con materiales de estudio de última generación, participaban en actividades extracurriculares costosas o contaban con profesores particulares para reforzar las materias más complejas. Por otro lado, había quienes, con mucho esfuerzo, dependían exclusivamente de los recursos disponibles en la escuela: libros de la biblioteca, apuntes prestados o incluso de la solidaridad de compañeros más privilegiados. Un momento que me marcó fue en un proyecto grupal donde debíamos construir una maqueta. Mientras algunos podían comprar materiales de alta calidad y hasta acceder a herramientas específicas, otros apenas lograban colaborar con lo básico, como cartón reciclado o restos de materiales caseros. Esto generaba una sensación de desigualdad profunda, no porque los compañeros de menores recursos no trabajaran igual de duro, sino porque sus aportes muchas veces eran subestimados o vistos como insuficientes. Esa experiencia me hizo cuestionar si la evaluación realmente medía el esfuerzo y el aprendizaje, o si, en realidad, terminaba reflejando las diferencias económicas entre nosotros. En retrospectiva, veo cómo la desigualdad social condicionaba las oportunidades educativas, aunque en ese momento no fuera evidente para todos. Como señala Ángel Díaz Barriga, el examen y la evaluación muchas veces actúan como instrumentos de control que, en lugar de nivelar el terreno, perpetúan las desigualdades ya existentes. Creo que estas situaciones deben ser una alerta para los docentes y el sistema educativo en general, recordando que la evaluación no debe ser un filtro excluyente, sino una herramienta que considere las diferentes realidades para ofrecer oportunidades más equitativas.